Kód: 15532151
La Ley 25/2015 ha establecido y, en parte, perfeccionado, losmecanismos mediante los que abordar el tratamiento preventivo de lainsolvencia. La Ley concursal de 2003 adoleció de diversos defectoscongénitos: Fue una Ley aprobada en ... celý popis
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La Ley 25/2015 ha establecido y, en parte, perfeccionado, losmecanismos mediante los que abordar el tratamiento preventivo de lainsolvencia. La Ley concursal de 2003 adoleció de diversos defectoscongénitos: Fue una Ley aprobada en tiempo de bonanza, en el que lainsolvencia se contemplaba como extraordinaria, que abordó talsituación sólo desde la intervención judicial y cuya regulación,fundamentalmente, tuvo presente la insolvencia de las personasjurídicas. La irrupción de la Gran Crisis se encargó de poner demanifiesto tales carencias, así como, en general, la errada afición de nuestro Derecho de confiar en exclusiva la solución de lassituaciones de incumplimiento e insolvencia a la intervenciónjudicial, con los conocidos problemas que arrastra la ejecuciónhipotecaria de la vivienda habitual, así como a la aplicaciónmonolítica del principio de responsabilidad patrimonial universal?sólo? a los deudores personas naturales, comerciantes o no.Estos factores, determinaron que nuestro legislador regulase, durantelas peores fases de la crisis, y en distintas entregas de irregularcoherencia ?espoleadas, siempre, por la presión de la «Troika»?, losmecanismos preventivos del concurso, y que, de otra parte, hayaatendido, especialmente, a la insolvencia de las personas naturales no empresarias/comerciantes, con la introducción de la mediática«segunda oportunidad», que permite la exoneración de tales deudoresdel pasivo insatisfecho, bajo ciertas condiciones, que restringenextraordinariamente los casos en que puede tener lugar. Así como alCódigo de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de lasdeudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y ladenominada intermediación hipotecaria. Estos cambios son objeto deanálisis crítico en estos Comentarios, que tienen por comúndenominador un nuevo principio en el tratamiento de la insolvencia,que parte de su tratamiento como un problema de la sociedad, antes que un problema del deudor en sí mismo considerado.
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